El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia en el marco del reclamo que la provincia mantiene contra la Nación por la deuda con la Caja de Jubilaciones. El mandatario reiteró la exigencia de que se cumpla con los envíos que, por ley, deben realizarse desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y calificó la situación como “un punto cúlmine del destrato institucional”.
“La deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones supera el billón de pesos. Vengo como gobernador a reclamar y defender un derecho de los cordobeses, y en especial de los jubilados”, expresó Llaryora, quien fue acompañado por el Fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; y el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López.
Durante su intervención, Llaryora destacó el rol del máximo tribunal por haber citado a las partes a una instancia de conciliación, a la que calificó como “un paso importante en defensa de la institucionalidad”. Como resultado de la audiencia, se acordó una nueva reunión dentro de 15 días para analizar propuestas concretas que permitan resolver el conflicto.
El mandatario insistió en que “lo que estamos viendo acá es un incumplimiento manifiesto, unilateral, con los aportes que le tienen que mandar a los jubilados cordobeses”, y advirtió que el monto adeudado representa casi el 50% del presupuesto anual de infraestructura de la provincia.
Llaryora también apuntó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 280, firmado el 27 de marzo de este año, por el cual se suspendieron directamente los envíos de fondos previsionales a las provincias con cajas no transferidas. “Se trata de un acto inconstitucional que pretende legalizar el recorte de partidas del presupuesto nacional 2023, prorrogado para 2024 y 2025, llevando a cero pesos los giros que la Nación debe realizar para cubrir el déficit previsional de Córdoba”, denunció.
En ese sentido, el gobernador afirmó que esta decisión “viola principios y normas de la Ley de Presupuesto Nacional y el sistema de coparticipación federal, que no pueden ser modificados por decreto”, y sostuvo que existe una clara transgresión al principio de “buena fe federal”.
Llaryora recordó que es el tercer gobernador cordobés en reclamar por esta deuda, como antes lo hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, lo que –según subrayó– demuestra que se trata de un problema estructural, más allá de las gestiones de turno o las diferencias partidarias. “Esta conducta del Gobierno central avanza sobre los derechos de las provincias, debilita el federalismo y afecta el funcionamiento de la República”, concluyó.
