El Gobierno de Córdoba avanza con una profunda reorganización administrativa. A través de un decreto, el gobernador Martín Llaryora dispuso una reducción del 30% en el número de agencias que conforman el organigrama estatal y definió un esquema más compacto que busca “optimizar la gestión y fortalecer la transparencia”, según se informó oficialmente.
La medida se enmarca en la Ley N° 11.015, que autoriza al Poder Ejecutivo a transformar sociedades del Estado y entidades de economía mixta conforme a la legislación vigente. Se trata de un paso más dentro del proceso de modernización institucional que impulsa la actual gestión.
Entre los cambios más relevantes, las agencias Córdoba Deportes, Córdoba Cultura, Córdoba Turismo y la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) pasarán a funcionar como entes autárquicos, manteniendo su denominación actual y la vinculación funcional con el Poder Ejecutivo establecida por la Ley N° 10.956. Esta transformación implica una mayor autonomía administrativa y financiera para cada una, preservando su rol estratégico dentro del esquema estatal.
En paralelo, el decreto crea un nuevo ente autárquico bajo la denominación “ProCórdoba”, que quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública. Este nuevo organismo unificará las competencias, recursos y capacidades de la Agencia ProCórdoba, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender y la Agencia para la Competitividad de Córdoba, con el objetivo de potenciar la sinergia institucional y consolidar una estrategia unificada para promover inversiones, innovación, exportaciones y competitividad.
El proceso de transformación prevé la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos hacia los nuevos entes autárquicos, que actuarán como continuadores de las agencias actuales. La ejecución de las medidas quedará en manos de los ministerios de Gobierno y Economía y Gestión Pública, con la intervención de la Fiscalía de Estado.
De esta forma, Llaryora avanza en la línea que había anticipado durante la apertura de sesiones legislativas del 1° de febrero, y que tuvo un primer antecedente en abril con la disolución de la Agencia de Conectividad Córdoba. El nuevo esquema apunta a reducir estructuras, ganar eficiencia operativa y adaptar el funcionamiento del Estado a los marcos normativos nacionales y provinciales.
Finalmente, el decreto faculta al Ministerio de Economía y Gestión Pública a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para completar el proceso de reorganización.
