Por Eduardo Bocco. Cuando se vote para elegir gobernador dentro de tres años, el peronismo y los distintos nombres que se le adosan para aggionarlo, cumplirá casi 28 años en el poder, tras haber sorteado un cuarto de siglo con una sociedad política indestructible al frente de los comandos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Más allá de gestiones que merecieron un amplio respaldo popular –sobre todo la de Schiaretti– la dupla se mostró muy sólida y sin fisuras, pese a las lógicas rencillas de segundas y terceras líneas, ávidas de cargos y poder, aunque eso bien puede formar parte del candombe de la política. Pasa en todos lados.
Hubo dos momentos claves en este tiempo que al peronismo le preocuparon: 2007 y 2023. Siempre mantuvieron la guardia alta los oficialistas, pero en esas dos fechas del calendario hubo especial inquietud en las altas esferas del poder provincial, y las lograron sortear. La primera con la conducción de De la Sota-Schiaretti y la segunda bajo el timonel compartido de Schiaretti y el actual gobernador Martín Llaryora.
El motivo del temor fue siempre el mismo: perder la elección provincial a manos de Luis Juez.
En 2007, el justicialismo logró quebrar la alianza de los juecistas con el sector del radicalismo que lideraba Mario Negri, quien se había convertido de buenas a primeras en socio de Luis Juez y posiblemente se encaramaba a ser su compañero de fórmula. EL PJ pensó que se trataba de una fórmula a la que se podía comparar con un hueso muy duro de roer. Corrió el tiempo y la alianza se fracturó. Los negristas evitaban la confrontación, Juez se lamentaba y los peronistas se restregaban las manos.
El resultado de esos comicios consagró gobernador por primera vez a Juan Schiaretti por un puñado de sufragios. En ese momento, el cacique justicialista justificó su apretada victoria con estas palabras: “Se puede ganar por un millón de votos o se puede ganar por un voto”.
Juez denunció fraude y el Tribunal Superior de Justicia estuvo a punto de alquilar lo que hoy es la Plaza de la Música para hacer el recuento voto a voto. Finalmente, no se hizo nada, sólo se hizo un conteo parcial que determinó la victoria del peronista.
En 2023, Schiaretti concluía su tercer mandato y era coronado como principal elector del peronismo. Tras varias pruebas se decidió por Llaryora, pero en toda la agrupación oficialista se generaron fundados temores.
Los soldados de Schiaretti y Llaryora eran muy pesimistas porque consideraban que se quebraría el invicto de 24 años si la oposición presentaba la fórmula Juez-Rodrigo de Loredo. Así lo marcaban las encuestas que son cada vez más erráticas pero aún siguen siendo el instrumento menos errático para predecir comportamientos en política.
Sin embargo, y tras una serie de presentaciones que pretendieron ser cool pero terminaron cayendo en lo bizarro, De Loredo declinó ser compañero de fórmula de Juez y optó por presentarse como postulante a la intendencia de Córdoba. Con el diario del lunes todo es más fácil pero no hace ni falta recordar que se estampó contra la pared y que Daniel Passerini, del PJ, ganó la pulseada.
Otra vez los peronistas festejaron, De Loredo dio un pasito al costado y Juez entró en estado de shock.
Por segunda vez en la historia del siglo 21, el justicialismo había desarticulado una alianza opositora que tenía chances de desplazarlo del poder.
Ahora se viene un tercer capítulo, el de 2027 y los peronistas vuelven a entrar despaciosamente en estado de pánico. Saben que el contrincante será nuevamente Juez porque el radicalismo fue incapaz de vertebrar un equipo propio con condiciones de presentar una alternativa seria de poder. La única opción que tiene es De Loredo en realidad.
Juez volvió a sentarlo en su mesa, aunque los juecistas maldigan la acción de su jefe. “Luis tiene devoción por De Loredo, una especie de admiración difícil de racionalizar”, trinan desde el búnker del Frente Cívico.
¿Volverá el PJ a poner en marcha su maquinaria para tumbar a cualquier precio una nueva alianza de Juez?
Lo cierto es que sobrevendrá posiblemente un enfrentamiento Llaryora-Juez o De Loredo, no hay otras chances, al menos por ahora. Es que La Libertad Avanza sigue siendo una kermese y sus dirigentes todavía no se sacaron el pintorcito. Sólo se habló de ellos en los últimos días porque la diputada María Celeste Ponce fue acusada de cobrar un porcentaje del salario de sus asesores. Una práctica que obviamente no es nueva, pero si LLA llegó escupiendo a la casa, toma sus peores actitudes. Por ejemplo, la legisladora vino de su Huinca Renancó natal a Córdoba capital a estudiar derecho. Pero nunca se recibió, a pesar de que pasaron varios años. Desde la óptica libertaria sólo le ocasionó un gasto al Estado sin contraprestación alguna.
Bueno, en la política también vale lo que decía el anillo de don Julio Grondona: Todo pasa.
