El Consejo de la Unión Europea aprobó de forma provisional el acuerdo comercial con el Mercosur, un avance relevante luego de más de dos décadas de negociaciones. El visto bueno político de los Estados miembros no implica, sin embargo, la entrada en vigor inmediata del tratado. El proceso deberá superar una etapa decisiva en el Parlamento Europeo, donde se espera un debate complejo y polarizado a lo largo de 2026.
El acuerdo es de carácter “mixto”, ya que se compone de dos instrumentos. Por un lado, el acuerdo comercial, que regula aranceles, cuotas y acceso a mercados. Por otro, el acuerdo de asociación política, que incluye compromisos en cooperación, derechos humanos, sostenibilidad y gobernanza. Ambos textos deberán ser ratificados por la Eurocámara para que el pacto pueda entrar en vigencia.
Firma prevista y un escenario político dividido
Luego del entendimiento alcanzado entre ambos bloques, se prevé que la firma formal del acuerdo se concrete en enero. No obstante, la ratificación enfrenta fuertes resistencias internas dentro de la Unión Europea.
Uno de los principales focos de oposición es Francia, donde la mayoría de los eurodiputados —sin distinción partidaria— rechaza el acuerdo por el impacto que podría tener sobre el sector agropecuario, en particular la ganadería. A esta postura se suma el bloque de ultraderecha Patriotas por Europa, que anunció la presentación de una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por impulsar el tratado. Desde ese espacio sostienen que el acuerdo perjudica a la industria europea y debilita la soberanía económica.
También expresaron su rechazo los partidos verdes y sectores de izquierda, que cuestionan el impacto ambiental del acuerdo, especialmente por el riesgo de deforestación en países del Mercosur —con foco en Brasil— y por la supuesta competencia desleal derivada del ingreso de productos con estándares ambientales menos exigentes.
En paralelo, organizaciones de agricultores y sindicatos europeos presionan contra el entendimiento ante el temor de que el mercado comunitario se vea inundado por carne y etanol del Mercosur a precios más bajos, afectando la rentabilidad del sector.
El impacto del acuerdo UE–Mercosur en la Argentina
El acuerdo establece compromisos que inciden de manera directa sobre la estructura productiva, exportadora y regulatoria de la Argentina. Según informes del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), de la consultora Abeceb y de la propia Unión Europea, los principales impactos se organizan en varios ejes.
Uno de los puntos centrales es el acceso preferencial al mercado europeo. El entendimiento elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y concede preferencias adicionales para otro 7,5%, lo que alcanza al 99% de las exportaciones agrícolas. Este esquema coloca a la oferta argentina en condiciones similares a las de otros países que ya cuentan con acuerdos comerciales con la UE.
En materia de eliminación y reducción de aranceles, la Unión Europea suprimirá de manera inmediata los derechos de importación para un amplio conjunto de productos clave de la canasta exportadora argentina. Entre ellos se incluyen harina y porotos de soja, maní, frutas frescas, frutos secos, legumbres, aceites vegetales de uso industrial, despojos comestibles y productos de la pesca como merluza, vieiras y calamares. Otros bienes accederán a esquemas de desgravación gradual de entre cuatro y diez años, como aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos, biodiésel, vinos fraccionados, golosinas y alimentos procesados.
El acuerdo también establece cuotas arancelarias para productos sensibles, como carne bovina, aviar y porcina, arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Estas cuotas se asignarán al Mercosur en su conjunto y luego requerirán definiciones internas para su distribución. El texto prevé que el primer país que ratifique el acuerdo pueda utilizar la totalidad de la cuota hasta que el resto complete sus procesos de aprobación.
Otro capítulo relevante refiere a los derechos de exportación (DEX). A partir del tercer año desde la entrada en vigor del instrumento comercial interino, la Argentina dejará de aplicar retenciones a la mayoría de los productos exportados a la UE. El esquema contempla excepciones para sectores como soja, hidrocarburos, papel, corcho y chatarra. En el caso del complejo sojero, se fijaron topes máximos que comenzarán en 18% y descenderán progresivamente hasta 14% en el décimo año.
En el plano sanitario y fitosanitario, el acuerdo establece reglas claras para el acceso de productos argentinos al mercado europeo. Se fijan plazos obligatorios para auditorías y habilitaciones, se prioriza el uso de criterios científicos y se crea un mecanismo bilateral de consultas, además de diálogos técnicos en áreas como biotecnología, sanidad animal e inocuidad alimentaria.
El texto también limita el uso de instrumentos discrecionales de comercio exterior, al ratificar la prohibición de restricciones cuantitativas y establecer reglas estrictas para las licencias de importación y exportación, reduciendo el margen para la aplicación de medidas unilaterales.
A nivel institucional, el acuerdo promueve un alineamiento regulatorio en áreas como facilitación del comercio, procedimientos aduaneros, servicios, compras públicas y propiedad intelectual, otorgando mayor previsibilidad a las reglas de funcionamiento económico. Desde la mirada empresaria, además, funcionará como una señal institucional para el comercio y las inversiones. Abeceb estima que la liberalización alcanzará a cerca del 90% del intercambio bilateral, con plazos escalonados que protegen a los sectores más sensibles.
Apoyo del sector empresario
El avance del acuerdo fue respaldado por diversos sectores empresarios argentinos. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresaron su satisfacción por el progreso del entendimiento. La entidad sostuvo que el acuerdo favorecerá a empresas y consumidores de ambos bloques y reiteró su respaldo a una mayor integración internacional. Su presidente, Mario Grinman, afirmó que la aprobación “representa un paso adelante tras un proceso extenso y complejo” y subrayó la necesidad de modernizar el Mercosur para facilitar la inserción global de la Argentina.
En la misma línea, los integrantes del Grupo de los 6 (G6) destacaron que el acuerdo “constituye un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques de naciones”. “El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes. Argentina necesita aumentar sus exportaciones, lo que a su vez generará más empleo de calidad”, señalaron las entidades que integran el grupo: UIA, SRA, CAC, Bolsa de Comercio, Adeba y Camarco.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también manifestó su respaldo. “La celebración de acuerdos comerciales y de inversiones que permitan el acceso a nuevos mercados con criterios de reciprocidad y asegurando resultados equilibrados resultará muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país”, destacó la entidad presidida por Jaime Campos.
Mientras el debate avanza en Europa, el acuerdo Mercosur–UE sigue generando expectativas y controversias. Para la Argentina, el desafío será transformar la apertura comercial en una estrategia de largo plazo que potencie exportaciones, inversiones y empleo, en un contexto internacional cada vez más fragmentado.
